Andalucía, al igual que el resto de España, sufre una saturación de los sistemas tradicionales de resolución de conflictos debido a una excesiva judicialización de los problemas que provocan en la Justicia una situación de colapso y desbordamiento que alcanza en ocasiones niveles inasumibles. El mundo empresarial no es ajeno a este desmesurado volumen de litigiosidad, siendo necesario impulsar otras vías que permitan resolver de forma alternativa, rápida y eficaz esa creciente conflictividad que afecta también al desarrollo económico.

En este contexto se abre paso la mediación, un método ágil y sencillo para propiciar el acuerdo entre las partes, lo que permite acortar en gran medida los tiempos, con una duración que será siempre menor que la de un procedimiento judicial, al igual que permite reducir los costes económicos y psicológicos de las partes implicadas. Hay que destacar que los acuerdos alcanzados en la mediación tienen la misma validez que una decisión judicial, lo que refuerza el acuerdo alcanzado y supone una garantía para las partes. Además, la mediación es uno de los medios adecuados de solución de controversias previstos en la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del servicio público de Justicia, como requisito de procedibilidad en el ámbito de la jurisdicción civil y mercantil, en vigor desde el pasado 3 de abril.